. PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR Desarrollo universitario (Texto en extenso) La Educación Superior, en lo que se refiere a las Universidades, ha experimentado en las últimas dos décadas profundas transformaciones en su organización, funcionamiento y financiamiento. Esto, producto de un conjunto de acciones emprendidas por el régimen militar y de su intervención en el sistema universitario. Como sabemos, en 1981 el gobierno fraccionó la Universidad de Chile en diversas unidades conocidas como universidades regionales y dictó la normativa legal (estatutos) que rige la vida interna de estas instituciones hasta la actualidad. A este fraccionamiento y normativa se sumó la imposición de un nuevo sistema de financiamiento público a las Universidades Estatales y a otras del Consejo de Rectores, creando el llamado Aporte Fiscal Directo (AFD) y el Indirecto (AFI). El efecto más grave del nuevo financiamiento fiscal fue una drástica reducción del aporte fiscal a las universidades del Consejo de Rectores, cuyos efectos negativos persisten hasta hoy. Posteriormente, el régimen militar liberalizó la creación de Universidades privadas, con lo que de 8 universidades tradicionales se llegó a 25 universidades en el sistema del Consejo de Rectores y alrededor de 55 universidades privadas, de la más diversa calidad y nivel académico. Estas profundas transformaciones han tenido serias repercusiones hasta hoy día en la organización, orientación y calidad del trabajo universitario y sus resultados, lo que obliga a todo nuevo Gobierno a realizar una evaluación y propuesta de acción que corrija las distorsiones y desigualdades existentes. Si bien estos cambios que alteraron profundamente la vida universitaria tienen su origen en el régimen militar, no es menos cierto que la organización y funcionamiento de las Universidades Estatales y el modelo de la Educación Superior no han sido una prioridad en la acción de los dos gobiernos de la Concertación. Por ello, es necesario que el próximo gobierno realice un "giro estratégico" y que defina una política de Estado para la Educación Superior del Chile del próximo siglo. Por su parte, la Ciencia y la Tecnología, que es una actividad de investigación y desarrollo fundamental para la docencia universitaria de alto nivel y, para atender necesidades de investigación y transferencia tecnológica hacia el campo productivo y el desarrollo de los servicios, tampoco ha tenido la atención que requiere, lo que constituye otra deuda pendiente para potenciar el desarrollo sustentable del país. No obstante, es preciso reconocer que el rezago sufrido por la Educación Superior y Universitaria, y por la actividad científica y tecnológica se ha debido en parte a la urgencia de corregir y atender graves problemas que afectaban a nuestra Educación Básica y Media, como la situación de los maestros y poner en marcha y llevar adelante la ambiciosa y vital Reforma Educacional, que cuenta con todo nuestro apoyo. Cambios en el sistema universitario para el 2000 Basándose en estos antecedentes, el programa de Educación Superior de la Candidatura de Andrés Zaldívar formula las siguientes propuestas de cambios y acciones: I. Organización y Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior El sistema de Universidades está regido por el concepto básico de autonomía y de libertad académica de estas instituciones, lo que obliga al Estado a respetar su organización interna, sus programas de trabajo, el desarrollo post títulos y post grados, y el régimen de trabajo de sus académicos e investigadores. Para dictar las normas básicas de organización interna de las Universidades, especialmente de las estatales, estas instituciones tienen una amplia capacidad de decisión autónoma y libertad de acción académica, sin perjuicio del requisito de dictar sus Estatutos de acuerdo a un marco jurídico común. Pero queremos ser claros al señalar que esta libertad académica y autonomía son una gran responsabilidad de la comunidad universitaria ante el país, de manera que se le asegure a la sociedad una formación de profesionales de alto nivel y, un trabajo de excelencia en investigación y desarrollo que sirva al país. Esta obligación supone que las Universidades que reciben aportes del Estado deben ser responsables ("accountable") del buen uso de estos recursos públicos y deben demostrar a la ciudadanía, bajo normas y estándares académicos adecuados, que funcionan con un nivel de calidad que asegure una confianza pública continuada. Proposición I Se impulsará un debate amplio para formular una política de Estado sobre la Educación Superior. Se continuará una amplia discusión hasta lograr la aprobación de la Ley Marco de Universidades Estatales, que actualmente se debate en el Congreso Nacional. Así se podrá contar con un instrumento legal que permita dictar los nuevos Estatutos de las Universidades Estatales en el breve plazo. II. Financiamiento de la Educación Superior El financiamiento fiscal de la Educación Superior al sistema de las 25 universidades comprendidas en el Consejo de Rectores ha estado regido, desde 1981, por un modelo económico que creó el Aporte Fiscal Directo (AFD) y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). En síntesis, las 25 universidades del Consejo de Rectores sufrieron una severa reducción del aporte estatal a este sistema, que descendió al 0.5 % del PIB, mientras que en 1970 el aporte fiscal alcanzó al 1% del PIB. A pesar de la recuperación gradual que ha tenido el aporte fiscal a las Universidades, aún no se logra recuperar los niveles del año 1981. Esta reducción obligó a las Universidades que reciben aporte fiscal a obtener los recursos faltantes a través del cobro de matrículas y aranceles, y a competir por la contratación de servicios, investigaciones y estudios con el sector productivo público y privado. Proposición II El modelo de financiamiento universitario vigente debe ser evaluado a fondo para resolver si se debe mantener esta modalidad de aportes fiscales o se debe formular un nuevo régimen de financiamiento fiscal a la Educación Superior. III. Becas y Créditos Universitarios El principio de igualdad de oportunidades exige que los esfuerzos del Estado por nivelar el acceso de todos a la educación básica y media, a través de la Reforma Educacional, se vean continuados en las oportunidades de acceso a la Educación Superior. Hoy en día el sistema de cobro de aranceles y matricula universitaria ha obligado a desarrollar un esquema de becas y créditos universitarios de origen fiscal y de fondos propios de las universidades, que atiende a una importante proporción de estudiantes universitarios. Sin embargo, la encuesta socioeconómica que se utiliza permite a los jóvenes provenientes de familias de muy bajos ingresos tener acceso al crédito universitario, que cubre total o parcialmente la matricula y el arancel universitario. Sin embargo, esta metodología excluye totalmente de estos beneficios a los hijos de familias de clase media, cuyos ingresos los discriminan negativamente frente a los de la situación socioeconómica más baja. Dicho en otras palabras, el sistema actual niega al joven estudioso y calificado que proviene de una familia de ingresos medios de cualquier apoyo económico para sus estudios superiores. Esta situación está creando un potencial factor de discriminación en el acceso a la educación superior del valioso potencial intelectual de la clase media chilena, situación que debe terminar. Proposición III Todo joven estudiante de escasos recursos y de familia de estrato medio deberá tener acceso igualitario, y asegurado por el Estado, al crédito para estudios de Educación Superior en Universidades e Institutos Profesionales del país. IV. Apoyo a la Ciencia y Tecnología La investigación científica y tecnológica ha sido un área rezagada que debe recobrar impulso. El CONYCIT ha hecho una amplia labor de estímulo y apoyo al desarrollo científico y a la productividad de la investigación en el país. Hoy persiste la necesidad de todo país que aspira a la modernidad, a alcanzar y a mantener un grado adecuado de capacidad científica tecnológica. Proposición IV Las iniciativas desarrolladas en estos años en el campo de la Ciencia y la Tecnología de nuestro país, con la creación de fondos competitivos de diverso origen y regidos por diferentes marcos institucionales, deberán ser evaluadas en profundidad. Asimismo, se deberá considerar la posibilidad de promover un nuevo esquema de organización institucional a nivel del Estado, para que estas actividades se realicen en forma coordinada, eficiente y con adecuada productividad. En todo caso, se deberá formular una política nacional de Ciencia y Tecnología orientada a enriquecer el conocimiento y a servir las necesidades del desarrollo socioeconómico del país.

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